La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) es una agrupación médico-científica, académica y gremial, sin ánimo de lucro, que desde su fundación en 1947 se encuentra siempre atenta a iniciativas que buscan no sólo la mejora continua de la calidad académica de los ginecólogos-obstetras del país y que impulsan la mejora de la calidad de vida de la mujer panameña, como de aquellas que van en detrimento y la violación a los derechos de la mujer panameña.
Como médicos consideramos que la mujer puede dar vida a una nueva vida, mediante el nacimiento, y esta, a su vez, una vez fuera del vientre, dependerá de los padres durante los primeros años; y que la pérdida de un hijo y el duelo que ello representa depende del credo de cada mujer, por tanto el manejo que se le de a este duelo es fundamental y muy personal; respetando con ello también el derecho a la salud y vida de la madre, que pudiera verse afectada por circunstancias que pueden influir en el desarrollo adecuado y a término de un embarazo.
Asimismo, la normativa actual establecida en la Ley de Registro Civil, obliga al personal sanitario a registrar todos nacimientos y defunciones fetales, llámese aborto, ectópico o muerte perinatal, esta última incluye muerte fetal tardía (intrautero) y neonatal temprana. Muy diferente es la llamada certificación, que tiene connotaciones legales y en la que, como su palabra lo indica, se certifica un acto que después tendrá repercusiones o acciones, como adquirir derechos y deberes.
En este sentido, como gremio rechazamos la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 018: “De identidad para bebés fallecidos en el vientre materno”, hecho ocurrido en la tarde de hoy en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, al considerar que el mismo viola los derechos a la vida y salud de la mujer, contemplados en la Constitución Nacional y Código Civil de la República de Panamá; así como en la Convención Internacional de los Derechos Humanos; considerando -además- que estos establecen que se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad.
Dejando de lado sus posibles efectos sobre el ordenamiento jurídico y el Código Civil, consideramos que el proyecto podría crear duplicidad de datos o subregistros que reflejen un escenario irreal, toda vez que desde 2002 existe un registro de nacimientos vivos y defunciones fetales, en las instalaciones de salud pública (Minsa y CSS) y privada en todo el territorio nacional, que es considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República y publicado en sus informes periódicos; y que es utilizado por diversas instituciones y organismos como base para la creación de planes de acción y políticas públicas. Hoy, este registro incluye defunciones intrautero superiores a las 20 semanas, haciendo innecesaria esta nueva propuesta de certificación.
Para la SPOG, la aprobación de este proyecto pudiera convertirse en una herramienta legal, como ya ha sucedido en otros países, para penalizar la interrupción involuntaria o terapéutica de un embarazo, este último amparado en un marco legal y realizado con autorización previa de un comité multidisciplinario, sólo bajo tres condiciones específicas: porque pone en peligro la vida de la madre, porque existe un diagnóstico fetal incompatible con la vida y porque es producto de un delito social y sexual como la violación. Asimismo, considera que el mismo pudiera representar la posibilidad de pena para aquellos profesionales de la salud que deban atender a las mujeres en estas condiciones.
Creemos que la aprobación de este proyecto pudiera incitar al aumento de la realización de abortos inseguros, fuera de las instalaciones sanitarias y con la debida supervisión profesional, lo que sin duda pone en riesgo la vida de las madres.
Por todo lo antes expuesto, la SPOG rechaza la aprobación del mencionado proyecto de ley y propone un fortalecimiento y modernización al registro de nacimientos vivos y defunciones fetales actual, se redirijan los esfuerzos a mejorar la partida presupuestaria para la prevención y disminución de las muertes maternas y fetales; apoyar y ejecutar las normas existentes que hoy garantizan la atención segura de las mujeres durante su embarazo, el parto y el postparto; y que se trabaje en nuevas iniciativas en materia de salud materno infantil, sin distingo de credo.
Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veinte.
Dr. Jaime Sánchez
Presidente
Junta Directiva 2019-2021