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Posicionamiento sobre Embarazo en Niñas y Adolescentes en Panamá

La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) ve con preocupación como el embarazo infantil y adolescente continúa siendo un problema de salud pública en el país y cada vez a edades más tempranas, lo que de manera directa afecta la salud integral de las niñas, e indirecta, a su grupo familiar y a la sociedad.

En este sentido, como garantes de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer panameña, nos pronunciamos de la siguiente forma:

Considerando que:
1. Que el embarazo en niñas y adolescentes sigue siendo un problema de salud pública por el impacto que tiene en las mismas niñas y adolescentes y otros aspectos socio-económicos, que juntos influyen en los indicadores de desarrollo del país.

  1. Cifras preliminares del INEC de la Contraloría General de la República indican que para el 2020, 11,710 nacimientos vivos del total de nacimiento del país, tuvieron como madre a una niña o adolescente, entre 10 y 19 años de edad. Esta cifra representa el 15.9% de los nacimientos vivos totales del país. Cabe destacar también que las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad materna de niñas entre 15 y 19 años de edad.
  1. Cifras del Ministerio de Salud, al cierre de 2018 la razón de muertes maternas fue de 47.6 por cada 100 mil nacimientos vivos, mientras que al cierre de 2019 y 2020 fue de 40.1 y 80.1 (p), respectivamente.
  1. Que los embarazos no planificados impulsan a niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades, a buscar alternativas inseguras, que ponen en peligro su vida.
  1. Que los casos recientes de niñas y adolescentes embarazadas son el claro reflejo de la realidad que vive Panamá y muchos de ellos no se hacen públicos.
  1. Que se puede acceder a métodos de anticoncepción de emergencia a través de los diferentes centros de salud pública y privada del país para prevenir embarazos no planificados, así como a profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual.
  1. Que el artículo 175 del Libro Segundo – Título III del Código Penal de la República de Panamá, sobre los Delitos de Violencia, expresa que toda niña/adolescente menor de 14 años de edad que resultase embarazada, se considera una condición producto de violación sexual. Las niñas embarazadas son claramente el resultado de violencia sexual.
  1. Que el aborto en Panamá es legal por 3 causales claramente definidas. Que el artículo 144 del Código Penal permite el acceso a servicios legales y, por ende, seguros, cuando el aborto busca interrumpir un embarazo producto de una violación sexual; o cuando este representa una causa grave de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción (incluyendo malformaciones congénitas incompatibles con la vida). En el primer caso (por violación), según la norma legal, se necesita que el delito esté en conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo; mientras en el segundo caso, será una comisión multidisciplinaria designada por el Minsa la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto. En ambos casos, lo debe practicar un médico idóneo en un centro de salud estatal.

Acuerda:
1. Manifestar que el desconocimiento de la población, autoridades judiciales, profesionales de salud y otros sectores vinculados, sobre las opciones que existen para la prevención de embarazos y los aspectos legales que darían acceso a aborto seguro, siendo importantes los casos en los cuales estos embarazos son el resultado de actos de violencia sexual, supone un obstáculo en la atención temprana de niñas, adolescentes y mujeres panameñas, que se debe solucionar.

  1. Manifestar que la inacción, por parte de la sociedad, autoridades y todos los sectores involucrados en la atención de estas niñas y mujeres, sin importar su edad, vulnera y limita los derechos a recibir atención con calidad y a tiempo, permitiéndoles prevenir un embarazo no planificado o acceder a servicios legales de aborto seguro, claramente establecidos en el Código Penal de la República de Panamá.
  1. Exhortar a la población, profesionales de salud o de otros sectores a que, ante casos de sospecha de violencia sexual, se acuda inmediatamente en busca de ayuda y se proceda con la denuncia, acciones clave en la prevención de embarazos y de los procesos para acceder a servicios legales de aborto, según lo establecido en la ley.
  1. Hacer un llamado a la sociedad en general, a las autoridades, a los profesionales de la salud y a todos los involucrados en los procesos legales de atención a los que las niñas y mujeres tienen derecho, a dejar de lado el estigma y actuar tempranamente y conforme a la ley, para dar respuesta real, justa y expedita a estos casos de abuso.

Comunicado dado en la ciudad de Panamá, a los 23 días del mes de febrero de 2022

Junta Directiva

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