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SPOG acepta el desafío de mejorar el acceso y la defensa de los derechos de la mujer

Por Patricia Figuera Ochoa

Oficial de Comunicaciones –  SPOG Panamá

Las cifras de violencia contra la mujer, embarazo adolescentes y mortalidad materna en Panamá, reflejan -sin duda- la existencia de un problema de salud pública, un escenario cuya visibilidad ha aumentado dada pandemia por Covid-19 desde hace un poco más de un año, y el mismo incremento de sus tasas de incidencia.

Según un informe del Sistema de Información y Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), dado a conocer el pasado 24 de octubre de 2020, sólo en el primer semestre de 2020, un total de 4 mil 970 adolescentes −entre 10 a 19 años de edad− ingresaron al sistema para recibir atención prenatal en las instalaciones de salud de Panamá. Estas cifras solo reflejan los registros en centros de salud del Minsa. No contemplan Caja de Seguro Social y Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA).

Los números son muy similares a las registrados en 2019, año que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, cerró con 11 mil 809 nacimiento vivos de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años de edad; y 458 en niñas de entre 10 y 14 años de edad. Cabe destacar que las cifras de nacimientos vivos de madres adolescentes se mantienen similares en la última década.

Por otro lado, datos de la OPS/OMS reflejan que para 2019 en Panamá, la prevalencia de la violencia física y/o sexual infligida por la pareja en algún momento de la vida era de una por cada siete (14 a 17%) mujeres de 15 a 49 años de edad. Sobre el mismo aspecto, los datos del Ministerio Público señalan que el 2020 culminó con 16 mil 851 denuncias de violencia doméstica, 6 mil 883 denuncias de delitos contra la libertad y la integridad sexual, y 26 femicidios (21 consumados y 5 en grado de tentativa).

Es importante destacar que en el primer semestre de 2020, de enero a junio, el Ministerio Público recibió 2,247 denuncias por los delitos de supuesta violación y otros delitos sexuales. El 53% de los casos; es decir 1,202 denuncias, se reportaron entre los meses de marzo y junio, cuando Panamá mantuvo una estricta cuarentena como medida para detener la propagación de la Covid-19. Cifra que representa el doble de lo registrado en los meses de enero y febrero, cuando se reportaron 564 y 481 casos, respectivamente.

Los delitos por violación fueron los más denunciados durante ese periodo, seguidos de abuso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 879 denuncias y 865, respectivamente.

De acuerdo con la ginecóloga y obstetra Ruth De León, expresidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y Punto Focal del Safe Abortion Advocacy Project (SAAP), la SPOG permanece preocupada por los posibles riesgos que la pandemia representa para la mujer, ya que aunque los servicios de atención en la actualidad están abiertos, las medidas de restricción que se impongan, pudieran continuar siendo un factor detonante de la violencia de género, doméstica y sexual, que también trae consigo embarazos no planificados, así como posibles abortos inducidos, que al realizarse en entornos y condiciones inseguras y por sus complicaciones, podrían ocasionar la muerte de la madre.

“Como agrupación médico-científica – entre otros aspectos- dirigimos nuestros esfuerzos principalmente a la prevención de morbilidad y mortalidad materna, una situación que puede estar influenciada precisamente por el adecuado o limitado acceso a derechos sexuales y reproductivos”, expresa De León.

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2021, en Panamá -con algunas acciones- continúan siendo vulnerados derechos tan fundamentales y básicos como la educación, el desarrollo, el trabajo y la participación política, entre otros; incluyendo los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva, que le permiten a la mujer acceder a servicios como el control prenatal, la anticoncepción y, en casos específicos y de acuerdo a lo permitido por las leyes panameñas, a servicios de aborto seguro y legal.

Para De León, es imperioso despertar conciencia sobre el aumento en las tasas de violencia de género y sexual, así como otro tipos de violencia contra la mujer. “Debemos asumir el reto de demostrar y proteger el lugar que las mujeres ocupan en la sociedad, sin vulnerar derechos como acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias; una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad de opciones”.

La violencia contra la mujer

“La violación de los derechos humanos de las mujeres en Panamá es evidente y ocurre por omisión, tanto por desconocimiento como por falta de cumplimiento de políticas institucionales y de Estado; así como por prejuicios y estigma. Quizá lo más grave, sea la propia indifererencia del Estado en el deber que tienen de velar y garantizar estos derechos”, dice la especialista.

A través de un comunicado oficial fechado el 17 de febrero, la SPOG solicitó no sólo una investigación transparente y un proceso diligente para esclarecer la presunta comisión de hecho de maltrado, ultrajes y abuso sexual en albergues de menores regentados por el Estado, sino que exhortó a los profesionales a denunciar tempranamente la sospecha de violencia y abuso, a los fines de garantizar a la víctima el aceso a atención temprana de salud, así como a otros derechos de tipo sexual y reproductivos como el aborto seguro y legal, según lo establecido en el Código Penal de la República de Panamá.

Asimismo, en septiembre de 2020 se pronunció para solicitar a autoridades y profesionales no dilatar los procesos que podrían impedir a las mujeres a acceder a acceder a estos mismos derechos luego de la denuncia presentada en medios de dos niñas -de 10 años y 12 años-  embarazadas producto de violencia sexual.

La SPOG también se mentiene alerta ante la aprobación de proyectos de ley que vulneren los derechos fundamentales que mujeres – niñas, adolescentes y adultas- tienen.

Derechos sexuales y reproductivos  

Las muertes a causa de complicaciones asociadas al proceso de gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto que afectan abrumadoramente a las mujeres más pobres del país, para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.

La Dra. Ruth De León señala que durante la pandemia por Covid-19, en Panamá, si bien el acceso a los derechos sexuales y reproductivos no estuvieron limitados directamente por las autoridades, las medidas impuestas por estas para reducir los contagios, si los afectaron. Movilidad por género, cuarentena total, traslados de servicios de control y consulta a otras instituciones o instalaciones públicas, cierre temporales de servicios de atención privados, desabastecimiento o afectaciones en la cadena de suministro, así como el miedo al contagio; impactaron en el acceso de las mujeres panameñas a servicios de control prenatal y anticoncepción, entre otros.

“Es posible que algunas mujeres embarazadas no cumplieran con todos los controles prenatales que se recomiendan, lo que aumenta el riesgo de no detectar a tiempo alguna anomalía o situación que pueda prevenirse con tratamiento o que pueda ser un factor que ponga en riesgo su vida. Asimismo, algunas no habrán podido acceder a métodos de anticoncepción regular o de emergencia como hubieran querido o necesitado e, incluso, a servicios legales de aborto seguro, por no haberse realizado las evaluaciones previas y necesarias para acceder a estos últimos, como lo estipula la ley”, explica De León.

Después de un año de pandemia, la especialista asegura que en la actualidad todos los centros de atención de salud femenina del país– tanto privados como públicos- están abiertos y ofrecen servicios con todas las medidas de bioseguridad necesarias para atender a la mujer panameña sin riesgo de contagio para ellas y para los profesionales de la salud. Asimismo, asegura que los procesos para acceder a un aborto seguro, según lo estipulado en las leyes panameñas, no se han visto afectados.

Acciones preventivas en tiempos de Covid-19

Los derechos en salud sexual y reproductiva no sólo incluyen la prestación de servicios y acceso a recursos, sino la orientación y actuación oportuna para la prevención, tanto por parte del profesional de salud como de la misma mujer.

Por el lado médico, la Dra. De León señala que desde la SPOG se promueve y exhorta a las mujeres a utilizar métodos anticonceptivos de larga duración para una mejor planificación familiar, lo que en este momento representa una buena alternativa, dada la pandemia y su impacto.

Asegura, además, que toda mujer adolescente o y gran multípara, que haya tenido un evento de aborto incompleto, es dada de alta de las instalaciones de salud con un método anticonceptivo de larga duración colocado, de modo de prevenir cualquier nuevo evento que pueda poner en riesgo su vida.

La SPOG también lleva a cabo comunicaciones y actividades docentes sobre anticoncepción (incluyendo de emergencia) y acceso al aborto seguro, como acciones para reducir mortalidad materna.

“La pandemia no debe afectar el acceso a Derechos en Salud Sexual y Reproductiva de la mujer panameña. Por ello, debemos hacer todo lo posible para ofrecer a la mujer la información necesaria para hacer valer esos derechos, así como la atención que necesita o desea, en el momento que lo precise, sin distinción alguna”, enfatiza.

“Velar por la salud integral, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas es priorizar en acciones que aseguren el acceso y mejoren la calidad de la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, reducir el grave impacto del aborto inseguro; para covertir la temática de la mortalidad materna en una demanda de justicia social, hasta erradicarla”, añade.

Alianzas y acciones para desafiar y luchar

Para la SPOG, luchar para frenar la violencia contra a mujer es responsabilidad de todos. Bajo esta premisa, a través de su proyecto SAAP ha logrado unir fuerzas y formar una red sólida y colaborativa de comunicación y docencia, que permite llevar – a todos los estratos sociales- información dirigida a concientizar sobre la violencia contra la mujer y su impacto en la sociedad; así como garantizar el reclamo y defensa de los derechos en salud sexual y reproductiva asociados a esta por parte de la mujer panameña. Esta alianza incluye medios de comunicación, sociedades médicas y otras organizaciones no gubernamentales.

Un ejemplo de ello es la alianza colaborativa con APLAFA. Desde noviembre de 2020 y bajo el #JuevesdeDerechosSexuales, una vez al mes llevan a cabo jornadas docentes con profesionales idóneos para estudiantes de educación básica y universitaria, así como otros profesionales de la salud y  vinculados a la atención de la mujer victima de violencia y que busca orientación en salud sexual y reproductiva.

Otra acción destacable, es la inclusión una propuesta para mejorar el marco temático de los esquemas de educación sexual en las escuelas, en la plataforma de participación ciudadana AGORA.

SAAP y el aborto seguro en Panamá

El aborto es ilegal en Panamá. El Código Penal de la República de Panamá, tipifica el aborto provocado como un delito en los artículos que van desde el 141 al 143, con pena de hasta ocho años de prisión; no obstante existen situaciones en las que no es considerado un delito.

El artículo 144, señala que “no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores, si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación camal, debidamente acreditada en instrucción sumarial; si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción”.

En el primer caso (por violación), según la norma legal, se necesita que el delito esté en conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo (8 semanas); mientras en el segundo caso será una comisión multidisciplinaria designada por el Minsa la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto. En ambos casos lo debe practicar un médico idóneo en un centro de salud estatal.

“Desde hace más de 73 años, la SPOG tiene el compromiso de incidir tanto en la sociedad en general como en los tomadores de decisión, para sensibilizarlos y exhortarlos a reconocer y proteger la salud de las mujeres como un derecho. Asimismo, en estos procesos las mujeres se fortalecen en su liderazgo y empoderamiento para la toma de decisiones personales, así como en su capacidad de incidencia”, expresa De León.

Desde abril de 2019, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el apoyo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS); puso en marcha el Safe Abortion Advocacy Project (SAAP), una iniciativa comunicacional/educativa que busca dar a conocer los riesgos del aborto inseguro para la vida de la mujer, así como las causales que permitirían el acceso a los servicios legales de aborto en Panamá y en consecuencia, al aborto seguro.

“Incluso durante la pandemia, continuaremos nuestro andar con énfasis en la salud integral de las mujeres, impulsando la plena vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos, en tanto avanzan en la conceptualización del espacio corporal como un territorio de autonomía y libertad de opciones”, precisa la Dra. Ruth De León.

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